Los derechos campesinos y su trazabilidad en el presupuesto público

Autores: Camilo Alejandro Espitia Pérez, Mariana Matamoros Cárdenas, Carlos Erin Quesada Tovar
Institución: Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad)
Año: 2026

👉 Descarga el libro completo en acceso libre aquí: LOS DERECHOS CAMPESINOS- DEJUSTICIA.pdf

 🔑 Datos clave

• El Acto Legislativo 01 de 2023 reconoció al campesinado como sujeto de derechos y creó un trazador presupuestal campesino.

• Entre 2002 y 2025, el sector agricultura representó solo el 1,2% del Presupuesto General de la Nación (PGN).

• Entre 2019 y 2025, los recursos explícitamente dirigidos al campesinado fueron apenas el 0,15% del PGN y el 0,4% del Sistema General de Regalías (SGR).

• El 51% del gasto del sector agricultura se destinó a subsidios directos, mientras que solo el 27% se orientó a bienes públicos rurales (infraestructura, asistencia técnica, investigación).

• En el SGR, la inversión en bienes públicos rurales cayó del 63,7% antes de 2016 a menos del 5% en años recientes

⚠️ Problemas relevantes

• Invisibilidad presupuestal: No existe una línea específica para el campesinado en el presupuesto; los recursos se diluyen entre múltiples sectores.

• Falta de ejecución: Solo el 66,2% de los recursos asignados al sector agricultura se convierten en pagos efectivos.

• Centralización excesiva: El Ministerio de Agricultura concentra más del 50% del presupuesto de inversión, pero ejecuta mal (apenas el 59% entre 2016 y 2024).

• Foco en subsidios de corto plazo: Se prioriza en apoyos directos y no en inversiones estructurales en bienes públicos.

• Débil gobernanza campesina: Las comunidades campesinas no participan en la definición de prioridades presupuestales.

• Falta de seguimiento: Hasta 2025 no existía un trazador presupuestal para el campesinado, a diferencia de otros enfoques (víctimas, género, paz).

🧠 Conclusiones principales

“Sin presupuesto no hay derechos campesinos”

• Colombia tiene recursos suficientes (más de $226 billones para ruralidad entre 2017 y 2025), pero no una estrategia clara para ordenarlos y priorizarlos.

• El reconocimiento constitucional del campesinado no se ha traducido en una redistribución real del gasto público.

• El trazador presupuestal campesino (publicado en diciembre de 2025) es una oportunidad clave, pero requiere gobernanza participativa, monitoreo técnico y articulación con la planeación territorial.

• Se necesita cambiar el enfoque de corto plazo (subsidios) hacia una inversión sostenida en bienes públicos rurales (tierras, infraestructura, asistencia técnica, conectividad).

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En Regreso Al Campo creemos que el futuro rural se construye con información, participación y herramientas concretas. Este documento de Dejusticia no solo revela cifras duras, sino que ofrece una hoja de ruta técnica y política para que el presupuesto público realmente llegue a quien más lo necesita: el campesinado colombiano. Además, el aporte de los autores también puede contribuír a que en otros países se adopten esquemas de fortalecimiento a la gestión y seguimiento de la política pública en favor del campesinado.

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